Qué es la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, cuya denominación oficial completa es Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P., es una fundación del sector público estatal español, sin ánimo de lucro. Su existencia está prevista en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que habilitó la creación de una fundación de este tipo para gestionar recursos destinados a la prevención.
Se constituyó formalmente el 27 de abril de 1999, tras el acuerdo adoptado por el pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el 25 de noviembre de 1998. La Comisión Nacional es el órgano colegiado, integrado por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, ante el que la Fundación rinde cuentas de su actividad.
Está adscrita a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No es un organismo autónomo ni una entidad de derecho público con potestades administrativas: es una fundación, sometida al régimen de las fundaciones del sector público estatal, cuyo patronato reúne a representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales y sindicales presentes en la Comisión Nacional.
En normativa y documentación anteriores a los cambios de denominación de departamentos ministeriales, la entidad aparece citada como Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, sin el término «Estatal». Se trata de la misma institución bajo una denominación previa.
Finalidad y ámbito de actuación
La finalidad de la Fundación es promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a través del impulso de acciones de prevención de riesgos laborales de ámbito estatal. No presta servicios de prevención a empresas concretas ni sustituye a los servicios de prevención que la normativa exige a cada organización: su papel es financiar y coordinar iniciativas de terceros que persigan ese objetivo.
Su ámbito de actuación es todo el territorio español. Las acciones que financia deben tener alcance estatal o, en su defecto, superar el ámbito de una sola comunidad autónoma, lo que la distingue de las fundaciones e institutos de prevención de ámbito autonómico que gestionan convocatorias equivalentes dentro de su propio territorio.
Funciones y principales líneas de trabajo
La actividad de la Fundación se articula principalmente en torno a la gestión de convocatorias públicas de ayudas.
- Convocatorias anuales de acciones de prevención. Financia, mediante concurrencia competitiva, proyectos de organizaciones empresariales, sindicales y otras entidades sin ánimo de lucro orientados a mejorar la prevención de riesgos laborales, en particular en las pymes.
- Gestión y control económico de las ayudas. Tramita anticipos y liquidaciones de las acciones financiadas y presenta ante la Intervención General de la Administración del Estado la justificación contable anual de su actividad.
- Difusión de materiales de prevención. Publica y distribuye guías, documentos y otros productos derivados de las acciones financiadas, disponibles para las empresas y los profesionales del sector.
- Rendición de cuentas ante la Comisión Nacional. Informa periódicamente al pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la ejecución de las convocatorias y los resultados de las acciones financiadas.
Marco de financiación
La financiación de la Fundación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social se regula, desde julio de 2023, por la Orden TES/774/2023, que sustituyó a la normativa anterior de 2006. Esa orden fija que el Ministerio transfiere a la Fundación un importe máximo equivalente al crédito presupuestario aprobado cada año en los Presupuestos Generales del Estado, en dos pagos: un primer libramiento de hasta el 75 por ciento en el primer semestre y el resto en el segundo.
La orden regula también los anticipos que la propia Fundación puede conceder a las entidades beneficiarias de sus convocatorias, de hasta el 75 por ciento del importe de cada acción, y exige a la Fundación mantener al corriente sus obligaciones tributarias y presentar la justificación contable anual de su actividad antes del 30 de junio siguiente al ejercicio.
Aportación a la seguridad y salud en el trabajo
La aportación de la Fundación es fundamentalmente financiera y de fomento: pone recursos públicos a disposición de organizaciones empresariales, sindicales y otras entidades para que desarrollen acciones de prevención que, por su coste o su alcance, muchas pymes no podrían emprender por sí solas. Es distinta de la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que es el organismo técnico y científico de referencia en materia de prevención, elabora criterios técnicos y no gestiona convocatorias de este tipo: ambas instituciones dependen del mismo ámbito ministerial pero cumplen funciones distintas y no deben confundirse.
Al concentrarse en las pequeñas y medianas empresas, la Fundación incide en el segmento empresarial que, según los propios diagnósticos de la Comisión Nacional, presenta mayores dificultades para dotarse de recursos técnicos y económicos propios en materia preventiva.
Relación con la Fundación Internacional ORP
La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales comparte con la Fundación Internacional ORP la naturaleza fundacional, aunque su objeto sea distinto: gestionar convocatorias públicas de acciones preventivas dirigidas sobre todo a pequeñas y medianas empresas españolas. Su presencia en el comité asesor institucional de la Fundación ORP es una relación de participación consultiva entre dos fundaciones del ámbito preventivo, sin que conste un programa conjunto entre ambas más allá de esa pertenencia.
Aplicación práctica
Para una organización empresarial, sindical o profesional, la Fundación es la vía habitual para acceder a financiación pública de proyectos de prevención de ámbito estatal orientados a las pymes, mediante la presentación de solicitudes a sus convocatorias anuales. Para una pyme concreta, la utilidad suele ser indirecta: se materializa a través de las guías, herramientas y actividades formativas que resultan de las acciones financiadas y que las entidades beneficiarias ponen a disposición del tejido empresarial.
