Riesgo grave e inminente

Qué es el riesgo grave e inminente

La definición legal combina dos elementos que deben concurrir: la gravedad del daño previsible y la inminencia de su materialización. No basta con que un riesgo sea grave si no es probable que se materialice de inmediato, ni con que sea inmediato si el daño previsible es leve. Una plataforma sin barandilla a diez metros con personas trabajando en el borde, una zanja profunda sin entibar con operarios dentro, una atmósfera explosiva junto a una fuente de ignición o una máquina con el resguardo retirado y el operador introduciendo las manos son ejemplos típicos.

El segundo párrafo del artículo 4.4 aclara un aspecto importante para los riesgos higiénicos: la inminencia se refiere a la exposición, no al daño. Una fuga de un agente cancerígeno o una atmósfera con deficiencia de oxígeno constituyen riesgo grave e inminente aunque los efectos sobre la salud tarden años en aparecer o, en el caso de la asfixia, aunque todavía no haya nadie afectado.

La calificación tiene consecuencias jurídicas inmediatas: el artículo 21 de la Ley 31/1995 impone obligaciones específicas al empresario, reconoce a las personas trabajadoras el derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar de trabajo, y faculta a los representantes para acordar la paralización; el artículo 44 permite a la Inspección de Trabajo ordenar la paralización inmediata de los trabajos.

Obligaciones y derechos ante el riesgo grave e inminente

• Empresario. Informar lo antes posible a todas las personas afectadas sobre la existencia del riesgo y las medidas adoptadas o que deban adoptarse; adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, puedan interrumpir su actividad y abandonar de inmediato el lugar de trabajo, sin que pueda exigirse la reanudación mientras persista el peligro; y disponer lo necesario para que quien no pueda ponerse en contacto con su superior esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro.
• Personas trabajadoras. Derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando consideren que la actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud; no pueden sufrir perjuicio alguno por ello, salvo que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
• Representantes de los trabajadores. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias, los representantes legales, por mayoría, o los delegados de prevención, por decisión mayoritaria, cuando no sea posible reunir con urgencia al órgano de representación, pueden acordar la paralización de la actividad de los trabajadores afectados, comunicándolo de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en veinticuatro horas anulará o ratificará la paralización.
• Inspección de Trabajo. Puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos o tareas cuando compruebe la inobservancia de la normativa de prevención que implique riesgo grave e inminente, comunicándolo a la empresa, que lo pondrá en conocimiento de las personas afectadas y de sus representantes, y a la autoridad laboral.

Cómo se gestiona en la empresa

1. Definir en el plan de prevención y en los procedimientos qué se entiende por riesgo grave e inminente en la actividad de la empresa, con ejemplos concretos por área.
2. Establecer un procedimiento de comunicación y actuación: quién puede detener un trabajo, cómo se avisa, cómo se evacúa la zona y quién decide la reanudación.
3. Formar a mandos y personas trabajadoras en la identificación de estas situaciones y en su derecho y deber de interrumpir la actividad.
4. Registrar cada paralización, sus causas y las medidas adoptadas, e investigarla como un incidente de alto potencial.
5. Corregir las causas de fondo antes de reanudar y revisar la evaluación de riesgos y la planificación cuando la situación revele deficiencias no previstas.
6. Integrar el criterio en los permisos de trabajo, la coordinación de contratas y la presencia de recursos preventivos, que tienen facultad para ordenar la interrupción.

Aplicación organizativa

• Autoridad para detener. Cualquier persona puede interrumpir su propia actividad; mandos, recursos preventivos y coordinadores deben tener instrucciones y respaldo expreso para detener los trabajos de otros sin necesidad de autorización previa.
• Comunicación. Canales inmediatos (radio, teléfono, alarma) y regla de que la duda se resuelve deteniendo el trabajo.
• Reanudación. Solo tras eliminar o controlar el riesgo, con comprobación documentada por una persona responsable.
• Contratas. La coordinación de actividades empresariales debe prever cómo se comunican y gestionan estas situaciones entre empresas concurrentes.
• Cultura. La eficacia del sistema depende de que detener el trabajo por seguridad se reconozca y no se penalice.

Límites y errores frecuentes

1. Tratar la interrupción del trabajo por riesgo grave e inminente como insubordinación o descontar el tiempo no trabajado.
2. Esperar a la autorización de la dirección para detener una actividad claramente peligrosa.
3. Reanudar el trabajo con medidas provisionales que no eliminan el riesgo.
4. No informar a las personas afectadas ni a sus representantes, lo que constituye infracción muy grave conforme a la LISOS.
5. Confundir cualquier incumplimiento con un riesgo grave e inminente; la calificación exige gravedad e inminencia y no debe banalizarse.
6. No registrar ni investigar las paralizaciones, perdiendo la oportunidad de corregir causas organizativas.

La LISOS califica como infracción muy grave no paralizar ni suspender de forma inmediata los trabajos que se realicen sin observar la normativa y que, a juicio de la Inspección, impliquen riesgo grave e inminente, o reanudarlos sin haber subsanado las causas, así como las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad.

Marco normativo en España

• Ley 31/1995, artículos 4.4, 21 y 44. Definición, obligaciones del empresario, derechos de los trabajadores y de sus representantes, y paralización por la Inspección de Trabajo.
• Real Decreto Legislativo 5/2000, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, artículo 13.10. Infracción muy grave por no paralizar trabajos con riesgo grave e inminente o reanudarlos sin subsanar las causas.
• Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, artículo 22. Medidas derivadas de la actividad inspectora, incluida la paralización de trabajos.
• Real Decreto 39/1997, artículo 22 bis. Facultades del recurso preventivo para comunicar deficiencias y, en su caso, dar indicaciones para el cumplimiento de las medidas.

La Directiva 89/391/CEE, en sus artículos 8 y 11, es el origen de las obligaciones del empresario en caso de peligro grave e inmediato y del derecho de los trabajadores a abandonar el puesto sin sufrir perjuicio. En Colombia, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 prevén la suspensión de actividades ante riesgo inminente.