Accidentes graves con sustancias peligrosas (Seveso)

Ámbito de aplicación y niveles

El Real Decreto 840/2015 se aplica a los establecimientos, entendidos como la totalidad de la zona bajo control de un industrial en la que se encuentran sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, en los que dichas sustancias están presentes o pueden generarse en cantidades iguales o superiores a los umbrales del anexo I, que recoge tanto categorías de peligro conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) como sustancias designadas. Quedan excluidos, entre otros, los establecimientos militares, los peligros radiológicos, el transporte fuera de los establecimientos y las actividades mineras de extracción, salvo las excepciones que la norma prevé.

Los establecimientos de nivel inferior son aquellos en los que las cantidades presentes igualan o superan los umbrales de la columna 2 del anexo I sin alcanzar los de la columna 3; los de nivel superior son aquellos en los que se alcanzan o superan los umbrales de la columna 3. La clasificación determina el alcance de las obligaciones: los de nivel superior deben elaborar informe de seguridad, disponer de plan de emergencia exterior aprobado por la autoridad y facilitar información al público de forma periódica, además de someterse a inspecciones con mayor frecuencia.

Obligaciones del industrial

• Notificación. Comunicación a la autoridad competente de la comunidad autónoma de los datos del establecimiento, las sustancias peligrosas, sus cantidades y el entorno, en los plazos previstos y ante cualquier cambio significativo.
• Política de prevención de accidentes graves. Documento escrito que garantiza un nivel elevado de protección, con objetivos y principios de actuación y su aplicación mediante un sistema de gestión de la seguridad proporcionado a los riesgos.
• Sistema de gestión de la seguridad. Organización y personal, identificación y evaluación de los riesgos de accidente grave, control de la explotación, gestión de las modificaciones, planificación de emergencias, seguimiento de los objetivos y auditoría y revisión.
• Informe de seguridad. Para los establecimientos de nivel superior, documento que demuestra la aplicación de la política y del sistema de gestión, identifica los escenarios de accidente grave y las medidas de prevención y mitigación y aporta la información necesaria para la planificación del territorio y de las emergencias; se revisa al menos cada cinco años.
• Plan de emergencia interior. Plan de autoprotección con las medidas de actuación en el interior del establecimiento, elaborado con consulta al personal, incluido el subcontratado, y que sirve de base al plan de emergencia exterior elaborado por la autoridad.
• Información al público y efecto dominó. Información permanente sobre las medidas de seguridad y la actuación en caso de accidente, y cooperación con los establecimientos vecinos cuando exista posibilidad de efecto dominó.
• Comunicación de accidentes. Información inmediata a la autoridad de los accidentes graves ocurridos, con sus circunstancias, sustancias, consecuencias y medidas adoptadas.

Relación con la prevención de riesgos laborales

• Evaluación de riesgos. Los escenarios de accidente grave se integran en la evaluación de riesgos laborales exigida por la Ley 31/1995, junto con la evaluación de agentes químicos y de atmósferas explosivas.
• Medidas de emergencia. El plan de emergencia interior desarrolla el artículo 20 de la Ley 31/1995 y se coordina con la Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007) y con la planificación de protección civil (Ley 17/2015 y Real Decreto 1196/2003).
• Consulta y participación. El plan de emergencia interior se consulta con el personal y sus representantes, y la política de prevención se comunica a la plantilla y a las empresas contratistas.
• Coordinación de actividades. Las empresas contratistas que intervienen en el establecimiento reciben información e instrucciones sobre los riesgos de accidente grave y las medidas de emergencia, conforme al artículo 24 de la Ley 31/1995.
• Formación. El personal recibe formación específica sobre los escenarios, las barreras de seguridad y su actuación en emergencias.
• Inspecciones. La autoridad inspecciona los establecimientos con arreglo a un plan, con periodicidad anual para los de nivel superior y trienal para los de nivel inferior salvo criterios de evaluación sistemática de los riesgos.

Aplicación organizativa: cómo gestionar un establecimiento Seveso

1. Inventariar las sustancias peligrosas presentes o que puedan generarse, clasificarlas conforme al Reglamento CLP y compararlas con los umbrales del anexo I para determinar si el establecimiento está afectado y en qué nivel.
2. Presentar la notificación a la autoridad competente y mantenerla actualizada ante cambios en sustancias, cantidades, procesos o entorno.
3. Definir la política de prevención de accidentes graves e implantar el sistema de gestión de la seguridad con responsabilidades, procedimientos de operación, gestión de cambios, mantenimiento de las barreras críticas e investigación de incidentes.
4. Identificar y evaluar los escenarios de accidente grave con técnicas adecuadas (HAZOP, árboles de fallos y de sucesos, bow-tie, análisis cuantitativo cuando proceda) y documentar las barreras de prevención y mitigación.
5. Elaborar el informe de seguridad en los establecimientos de nivel superior y el plan de emergencia interior en todos, con consulta al personal y coordinación con la autoridad para el plan de emergencia exterior.
6. Informar y formar a la plantilla y a las empresas contratistas, informar al público cuando proceda y cooperar con los establecimientos vecinos frente al efecto dominó.
7. Realizar simulacros, auditorías y revisiones periódicas del sistema, atender las inspecciones de la autoridad y comunicar de inmediato cualquier accidente grave.

Un software de gestión preventiva permite mantener el inventario de sustancias y su clasificación, vincular los escenarios de accidente grave con la evaluación de riesgos y las barreras, gestionar las tareas de mantenimiento e inspección de las barreras críticas, planificar simulacros y formación y conservar la trazabilidad documental que exigen las inspecciones.

Límites y errores frecuentes

1. No revisar el inventario y la clasificación de las sustancias tras cambios de proceso, lo que altera el nivel del establecimiento sin notificarlo.
2. Tratar el informe de seguridad y el plan de emergencia como documentos administrativos, sin conexión con la operación diaria ni con el mantenimiento de las barreras.
3. No integrar los escenarios de accidente grave en la evaluación de riesgos laborales ni en la coordinación con contratistas.
4. Realizar simulacros sin evaluar los resultados ni actualizar el plan de emergencia interior.
5. Ignorar el efecto dominó con establecimientos vecinos y la información al público exigible.
6. Dejar sin investigar los incidentes y cuasi accidentes que evidencian la degradación de barreras.

La aplicación concreta depende de las sustancias, las cantidades y la normativa autonómica de desarrollo; esta ficha tiene carácter divulgativo.

Marco normativo y de referencia

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas; transpone la Directiva 2012/18/UE.
• Directiva 2012/18/UE (Seveso III). Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves con sustancias peligrosas.
• Ley 17/2015, de 9 de julio. Sistema Nacional de Protección Civil; planificación y respuesta ante emergencias.
• Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP). Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas; base de las categorías del anexo I.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales; evaluación de riesgos, medidas de emergencia y coordinación de actividades.
• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. Norma Básica de Autoprotección; planes de autoprotección.

Las comunidades autónomas son las autoridades competentes para la notificación, la evaluación del informe de seguridad, el plan de emergencia exterior y las inspecciones, y pueden establecer normativa de desarrollo.