Deber de protección del empresario

Qué es el deber de protección del empresario

La Ley 31/1995 construye el sistema preventivo sobre una relación jurídica: los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el empresario tiene el deber correlativo de garantizarla. Ese deber es de carácter general y se cumple con una actuación permanente: el empresario debe desarrollar una acción preventiva continua, perfeccionar los niveles de protección existentes y adaptar las medidas a las modificaciones de las circunstancias que afecten a la realización del trabajo (artículo 14.2). No basta con cumplir un listado de requisitos una vez; hay que integrar la prevención en la gestión y mantenerla viva.

El deber es del empresario como titular de la relación laboral y de la organización productiva, y no se traslada a terceros. El artículo 14.4 dispone que las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones a personal propio o el concierto con un servicio de prevención ajeno complementan las acciones del empresario, sin que le eximan del cumplimiento de su deber. Tampoco el coste puede recaer sobre las personas trabajadoras: las medidas de seguridad y salud no supondrán en ningún caso carga económica para ellas (artículo 14.5).

El contenido del deber lo desarrollan los artículos 15 a 29 de la Ley: principios de la acción preventiva, plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación, equipos de trabajo y de protección, información, consulta y participación, formación, emergencias, riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, documentación, coordinación de actividades empresariales, protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad, menores y trabajadores temporales. En el ámbito internacional, el artículo 16 del Convenio 155 de la OIT establece la obligación del empleador de garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones sean seguros y no entrañen riesgo para la salud, en la medida en que sea razonable y factible.

Contenido y alcance

• Carácter general y dinámico. Abarca todos los aspectos relacionados con el trabajo y exige adaptación permanente a los cambios en equipos, procesos, organización y personas.
• Jerarquía de principios. Se cumple aplicando el artículo 15: evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, anteponer la protección colectiva e instruir a los trabajadores.
• Integración en la gestión. La prevención debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, en todas sus actividades y niveles jerárquicos, mediante el plan de prevención (artículo 16.1).
• Previsión de imprudencias. El empresario debe prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (artículo 15.4), lo que amplía el alcance del deber más allá de la conducta diligente.
• Indisponibilidad. No se transfiere a los trabajadores ni a los servicios de prevención, y no admite renuncia ni pacto en contrario.
• Extensión a terceros. Se proyecta sobre los trabajadores de empresas concurrentes y de empresas de trabajo temporal en los términos de los artículos 24 y 28.

Responsabilidades por incumplimiento

• Administrativa. Las infracciones en materia de prevención se tipifican y sancionan conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000), con sanciones graduadas según gravedad, además de posibles paralizaciones de trabajos.
• Recargo de prestaciones. Cuando un accidente o enfermedad profesional se produce por falta de medidas de seguridad, las prestaciones de Seguridad Social se incrementan entre un 30 y un 50 por ciento a cargo del empresario (artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social).
• Civil. Indemnización de los daños y perjuicios causados por incumplimiento del deber, exigible ante la jurisdicción social.
• Penal. Los artículos 316 a 318 del Código Penal castigan a quienes, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física.
• Compatibilidad. Las responsabilidades administrativas son compatibles con las indemnizaciones y el recargo de prestaciones, sin perjuicio de la preferencia del orden penal (artículo 42 de la Ley 31/1995).

Aplicación organizativa: cómo cumplir el deber de protección

1. Aprobar un plan de prevención que integre la prevención en la estructura, las responsabilidades, los procesos y los recursos de la empresa, con compromiso visible de la dirección.
2. Definir la modalidad de organización preventiva adecuada y asegurar que el concierto con un servicio de prevención ajeno no sustituye la implicación de la empresa.
3. Evaluar los riesgos de todos los puestos, planificar las medidas con responsables, plazos y recursos, y revisar la evaluación ante cambios, daños a la salud o resultados de la vigilancia.
4. Garantizar la información, la formación, la consulta y la participación de las personas trabajadoras, con registro de su cumplimiento.
5. Organizar la vigilancia de la salud, las emergencias, la coordinación con empresas concurrentes y la protección de colectivos especialmente sensibles.
6. Asignar funciones preventivas a mandos y responsables de área, integradas en su desempeño, y supervisar su cumplimiento.
7. Documentar todas las actuaciones y auditar periódicamente el sistema para verificar que el deber se cumple de forma efectiva y no solo formal.

Un software de gestión preventiva permite mantener actualizado el sistema, asignar responsabilidades a cada nivel de la organización, controlar plazos y evidencias, y demostrar ante la Inspección o los tribunales que la acción preventiva ha sido permanente y adaptada a los cambios.

Límites y errores frecuentes

1. Considerar que la contratación de un servicio de prevención ajeno cumple por sí sola el deber de protección.
2. Tratar la prevención como una actividad documental y no como una acción integrada en la gestión diaria.
3. No adaptar las medidas ante cambios en equipos, procesos, organización o plantilla, ni tras accidentes o resultados de la vigilancia de la salud.
4. Confiar en que las obligaciones de los trabajadores compensan la falta de medidas del empresario.
5. Trasladar costes de protección a las personas trabajadoras, por ejemplo en equipos de protección o reconocimientos médicos.
6. Omitir la coordinación con contratas y empresas concurrentes, sobre las que el deber también se proyecta.

El alcance exacto del deber en cada caso lo determinan la normativa aplicable y la jurisprudencia; esta ficha tiene carácter divulgativo.

Marco normativo y de referencia

• Ley 31/1995, artículos 14 a 29 y 42. Deber de protección, obligaciones concretas del empresario y responsabilidades por incumplimiento.
• Directiva 89/391/CEE, artículos 5 y 6. Obligación general del empresario de garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
• Convenio 155 de la OIT, artículo 16. Obligaciones del empleador a nivel de empresa.
• Real Decreto Legislativo 5/2000 (LISOS). Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales.
• Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, artículos 316 a 318. Delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores.
• Real Decreto Legislativo 8/2015, Ley General de la Seguridad Social, artículo 164. Recargo de las prestaciones por falta de medidas de prevención.

El Real Decreto 39/1997 desarrolla la integración de la prevención y las modalidades de organización; el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.